La constitución
de una unidad política
El significado último del conflicto entre buenos aires y
el interior, residía en su falta de solución, pues ambas partes enfrentaban sí
que ninguna lograra imponerse sobre otra. La inestabilidad gobernaba las relaciones
de los pueblos en armas mientas no se lograba hacer del monopolio de la
violencia una realdad efectiva. El monopolio de la violencia es la característica
más significativa de una unidad política, donde un determinado sector de poder
adquiere control sobre el resto y lo reduce a ser parte de una unidad más
amplia.
En la Argentina de mediados del siglo XIX, cuando Justo José
Urquiza derroto a Juan Manuel de Rosas (batalla de caseros), vio el fin una
forma de gobierno caracterizada por una descentralización autonomista, en la
cual las provincias (que conformaban la Confederación Argentina), se reservaban
la capacidad de decisión. El objetivo que perseguía y proponía a Urquiza es
combinar la efectividad de la fuerza con la eficacia con el acuerdo pactado por
los mismos gobernadores. Los gobernadores se reunieron en San Nicolás de los
arroyos y celebraron un pacto que los comprometía a celebrar Congreso
Constituyente para organizar políticamente a las 14 provincias (el camino elegido
era el acuerdo); los gobernadores elaboraron un consenso por el que cedían una parte
del poder de decisión, con tal objeto establecieron el ámbito con la creación
de dicho congreso, cuyas deliberaciones culminarían en el acto de una unidad política
que definiera las relaciones de subordinación con las provincias con respecto
al poder central. El consenso se celebró en septiembre de 1852, Buenos Aires no
acepto transferir el poder que se reservaba en lo concerniente a la igualdad de
representación y tampoco a la nacionalización de la aduana. Este rechazo se
tradujo en la coexistencia armada durante casi una década de dos proyectos de
unidades políticas: la confederación con acento en Paraná y Buenos Aires
(victoria de está ultima en la batalla de Pavón).
Tres problemas básicos:
Integridad territorial, identidad nacional y organización
de un régimen político.
Los presidentes posteriores a Pavón desempeñaron su papel
desde una provincia hegemónica en las que se tomaban decisiones con carácter regional
(el papel del presidente se definió normativamente en la Constitución sancionada
en 1853). Centrándonos en el tercer punto (el régimen político), plantea la necesidad
de desarrollar “sentimientos de legitimidad compartida”, acerca del valor que
merece la estructura institucional del poder político y las reglas de sucesión que
regularan la elección de los gobernantes.
La republica posible:
Regimenes políticos y legitimidad
La estructura institucional de un régimen alberga la
realidad del poder y es a su vez ese control se asienta sobre una constelación
de intereses materiales y de valores que justifican la pretensión de algunos
miembros de una unidad política de gobernar al resto. Se tratará entonces de consagrar
una formula prescriptiva o principio de legitimidad, satisfaciendo ciertas
ideas acerca del régimen y también gratificar intereses por grupos y clases
sociales.
Alberdi y su fórmula prescriptiva.
Desde los albores de independencia, los criollos que
asumieron la conducción de la antiguas colonias enfrentaron la grave contradicción
entre el principio de legitimidad de la monarquía hereditaria y el principio de
la legitimidad de la republica electiva; el quiebre del vínculo con la corona
española puso sobre el tapete la tarea de construir una legitimidad de
reemplazo. Las fórmulas que algunos llamaban republicana y otros demócratas, hacían
residir en el origen del poder en una entidad más vastas que las antiguas
aristocracias.
Pueblo y elección podían representar los términos de un
proyecto de resolución posible, en la medida en que no provocaran una fractura
irremediable con costumbres políticas que gozaban del beneficio de la tradición.
El problema era aún más acuciante para las clases dominantes, ya que la
carencia de fórmulas podía conducir a la anarquía o a la disolución política,
lo cual implicaría el ocaso de su poder y su prestigio.
La búsqueda de fórmulas prescriptivas que conciliaran la
desigualdad del antiguo régimen con los principios igualitarios emergentes, fue
dejando “sedimentos” hacia el futuro de nuevos proyectos institucionales (ese
fue el propósito de Alberdi). La fórmula gozo del beneficio de alcanzar una tradición
institucional sancionada por el congreso constituyente en 1853; lo
significativo de esta fórmula consistió en su perdurabilidad sobre las
vicisitudes de la guerra interna entre Buenos Aires y la Confederación (destacamos
que dicha fórmula tradujo valores e intereses dominantes en la argentina en ese
entonces, pese a las oposiciones que pudo sufrir la persona de Alberdi).
Alberdi sostuvo que los argentinos debían darse una constitución
para realizar un determinado proyecto, este programa debe alcanzar a una nación
abierta al futuro, y los campos sobre los cuales se proyectan son: la inmigración,
la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de
tierras de propiedad nacional, la introducción y el establecimiento de nuevas
industrias, la importancia de capitales extranjeros, etc. Para alcanzar estos
fines, se advierte en Alberdi la intención deliberada de provocar un “trasplante
cultural” que rechaze la cultura tradicional ya que esta cultura impide el
cambio y la innovación, y opta por otro modelo: el de los países europeos en
trance de edificar una sociedad industrial que liberase al hombre de la
servidumbre de la naturaleza (la inyección desde afuera de nuevos fermentos de población
y de riqueza que sean portadores de esos valores).
El medio seleccionado para alcanzar esta meta es el régimen
político, la formula tiene sencillo diseño: capacidad de decisión dominante
para el poder político central; otorga el ejercicio de gobierno a una minoría privilegiada;
limita la participación política del resto de la población; asegura a todos los
habitantes el máximo de garantías en orden a su actividad civil. El gobierno
mixto (que se expresa en el término federación) retoma rasgos esenciales
trazados por las costumbres en las culturas de américa del sur (no hay ruptura
definitiva con el orden tradicional); esa ruptura vendrá después cuando la población
nueva, la industria y la riqueza, den por tierra con la cultura antigua.
Emergerá un papel político inédito: el control racional
de la ley y los símbolos de dominio y soberanía quebrados en los tiempos de la independencia;
ese papel privilegiado recreado por la constitución de 1853 es el papel del
presidente, la figura monárquica reaparece bajo la faz republicana (impedir la tiranía
es la finalidad básica del gobierno republicano), la no reelección del
presidente y la distribución de la actividad legislativa y judicial serán dos
limitaciones fundamentales en coherencia con el argumento republicano (pautas
fijadas por el modelo norteamericano).
Libertad política para pocos y libertad civil
para todos.
El problema que inevitablemente surge en el horizonte de
una forma republicana es el de saber quiénes y bajo que reglas podrían ejercer
el gobierno de la sociedad (Alberdi opto por la posición democrática, es el
pueblo la fuente de la cual deriva la legitimidad del gobernante). La cuestión para
Alberdi es como hacer de un pueblo, según él, sumergido en la miseria y en la
ignorancia una comunidad apta para el ejercicio republicano. Algunos están habilitados
para intervenir en el gobierno, el resto, la mayoría que hizo mal uso de la
libertad política favoreciendo despotismos populares solo tiene derecho al
ejercicio de la libertad civil. La libertad civil abre la ruta para implantar
la nueva cultura porque esa traerá inmigración, industria y riqueza (he aquí el
agente más eficaz para mejorar la capacidad de discernimiento político de los
pueblos).
La fórmula alberdiana concibe dos tipos de republica
federativas: la republica abierta y la republica restrictiva. La primera estaría
regida por la libertad civil (todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que
hagan uso de las garantías consagrados por la constitución). Y en el centro se
recorta un núcleo político capacitado para ser gobierno y ejercer control, esta
es la republica restrictiva, un ámbito donde la participación del gobierno se circunscribe
a un pequeño número de ciudadanos (miembros que se controlan así mismos y a la
vez controlan el entorno que lo circundan), ciudadanos habilitados para
intercambiar el papel de lector y representante.
Alberdi y Tocqueville: La libertad
frente al riesgo de la igualdad.
Los legisladores que procuraron fundar estados en el
contexto de los acontecimientos revolucionarios (América del Norte y Francia),
albertian que el reino de la libertad política y económica podía sufrir la erosión
de un movimiento irresistible: el movimiento de la igualdad. Alberdi no presto atención
a este fenómeno, pero robusteció mediante una tajante distinción entre el
habitante y el ciudadano. La igualdad aparece entonces como la regla social a
la que inevitablemente deberán someterse las relaciones políticas del futuro;
la libertad no es para Tocqueville una entidad de orden abstracto, es una
realidad proveniente del control sociológico que sobre el estado ejerce un
grupo autónomo cuya independencia, está asegurada sin duda por la ley, pero más
por costumbre y tradición. Para Alberdi, la obra del legislador consiste
quienes pertenecen al pueblo soberano y quienes están excluidos de la soberanía
política (este acto discriminatorio tiene como propósito la calidad del acto
electoral.
Este será el gran papel reservado a las leyes
electorales: el de constituirse en los nuevos mediadores de la razón (Tocqueville);
para Alberdi en cambio los mediadores de la razón en la vida política eran las
leyes y los notables porque la desigualdad en el sufragio aparecía como la condición
necesaria que haría efectiva la igualdad en la república.
Esta figura del “ciudadano responsable” puede ser
equiparada a la facultad de juzgar bien en los asuntos públicos, es decir a la acción
de emitir un voto razonable en conformidad con los principios de sentido común y
la visión del bien público; a su vez este ciudadano razonable que sabe elegir obraría
dentro de un recinto celosamente guardado por la leyes, recortado sobre un telón
de fondo compuesto por un gran número de habitantes que no saben ejercer la
libertad política (la formula alberdiana culmina consagrando la contradicción
entre desigualdad social e igualdad política).
Finalmente Alberdi no niega la bondad de las instituciones,
pero las instala sobre un suelo en cuya superficie reinara una severa distinción
de rangos. Votaran los de arriba: los educados y los ricos; no podrán ni deberán
elegir los ignorantes y los pobres. El acto de representación, al exigir sabiduría,
plantea un serio dilema: o se universaliza la ciencia o el arte de gobierno, o
bien la responsabilidad de manejar la suerte de todos, debe quedar en manos de
un núcleo privilegiado.
El diseño de esta fórmula política proviene de una meditación crítica acerca de una parte de una obra de Juan Bautista Alberdi, con lo cual se afirma su innegable excesiva importancia, que otorgo sentido a la relación de mando y obediencia privilegiando algunos valores en detrimentos de otros.
Como se advirtió en “la formula alberdiana”, esta se tradujo hacia 1880 en una concepción del orden político, que latía en germen desde los albores de la organización nacional, la cual no era ajena a los valores liberales del progreso y los argumentos que recomendaban un cuidadoso examen (para no incurrir en el desgobierno), de la resistencia que ante la innovación ofrecía el poder tradicional en las sociedades criollas.
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